(13 agosto 2023) El martes, 24 entidades de regantes y usuarios de derechos de agua desde Arica a La Araucanía llegaron a Contraloría. Interpusieron una consulta denuncia pidiéndole a la entidad que se pronuncie sobre una determinación que catalogan como un intento de usurpar atribuciones que la ley entrega a las juntas de Vigilancia y demás organizaciones de usuarios de aguas.
En líneas generales, pedían al contralor Jorge Bermúdez determinar si el intento del Gobierno por instalar los denominados Consejos de Cuenca piloto en 16 zonas del país está dentro de sus atribuciones.
A su juicio, tal determinación atenta hoy contra el principio de legalidad al instalarse nuevos órganos, sin previa ley; se usurpan las atribuciones que la normativa reconoce a las Organizaciones de Usuarios de Aguas, y se comete una infracción del principio de legalidad en el gasto, dado que no existen en el Presupuesto, recursos que se hayan traspasado a la Dirección General de Aguas, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio del Medio Ambiente o a los gobiernos regionales, para instalar un nuevo órgano administrativo y a sus funcionarios en 16 cuencas del país.
Es una regla fundamental del derecho público chileno que los organismos y los funcionarios públicos pueden solo hacer aquello para lo cual están expresamente facultados, en este caso quienes están promoviendo y participando en la formación de estos consejos no tienen ninguna habilitación legal, dice el abogado patrocinante de la causa, Gonzalo Muñoz.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente defienden la política: No hay una nueva estructura en la etapa piloto y no se pretende modificar lo que ya está consolidado en la reforma al Código de Aguas, como las atribuciones de la DGA, del Ministerio de Obras Públicas. Lo que se está impulsando es un trabajo colaborativo intersectorial de los distintos actores, sin modificar sus atribuciones, sino que reconociéndolas para tener un enfoque inclusivo e integral de las aguas.
La acción ante Contraloría está respaldada por 24 entidades, que representan 700 mil hectáreas, es decir, 80% de la totalidad de la superficie regada. Son cerca de 1.000 Organizaciones de Usuarios. Y unos 250.000 titulares de derecho. El jueves se sumó la Asociación del Biobío, añadiendo 130.000 hectáreas más contra la instalación de estos Consejos.
Una larga ambición
Hoy, el agua es administrada por las Organizaciones de Usuarios de Aguas, entidades privadas y sin fines de lucro, reguladas por el Código de Aguas. Son las encargadas de distribuir el recurso entre todos aquellos que poseen derechos. En los cauces naturales, estas OUA se denominan juntas de Vigilancia, que monitorean el río completo y reparten el recurso entre las Asociaciones de Canalistas, distribuidas por canal, y ellas la traspasan a sus asociados finales.
Existen 101 juntas de Vigilancia, y más de 4.000 canalistas. Toda esta estructura data de 1918. Por el lado estatal, la Dirección General de Aguas es la encargada de desarrollar las políticas públicas.
El espíritu de la legislación es que la labor de distribución de las aguas sea efectuada por quienes son titulares de derechos, lo que ha funcionado de manera exitosa, señalan las asociaciones agrupadas en la denuncia a Contraloría.
Sin embargo, la modificación de esta estructura ha sido una aspiración de años. El objetivo ha sido avanzar hacia una institucionalidad que incorpore en su cima una entidad tripartita donde participen la sociedad civil, el Estado y las OUA: los Consejos de Cuenca.
En la Cuenta Pública de 2022, el Presidente Boric señaló que se avanzaría en la instalación de estas estructuras. De hecho, antes, en la Reforma al Código de Aguas se planteó esa posibilidad, pero no prosperó. Y en la propuesta de nueva Constitución apareció nuevamente, pero fue rechazada por amplia mayoría el 4 de septiembre.
Un abogado experto en la materia explica que, más allá de dicha votación, el Gobierno ya estaba trabajando en la estructura de Consejos de Cuenca. Se había contratado a entidades vinculadas a la materia para ir preparando su instalación.
Tal es así, que en noviembre de 2022 se creó el Comité Interministerial de Transición Hídrica, compuesto por los ministerios de Agricultura, Energía, Minería, Ciencias, Obras Públicas y Medio Ambiente, al alero justamente de esta última cartera, en circunstancias que el MOP vía la DGA había sido siempre el responsable del recurso. La primera medida de este Comité fue avanzar en la instalación de Consejos de Cuenca. En total se decidió crear 16 pilotos, uno por región, en las principales cuencas del país. La DGA quedaría bajo este organismo como secretaría técnica, dicen los regantes.
Los pilotos permitirán retroalimentar el modelo de gobernanza que quedará consagrado en un proyecto de ley que será presentado a mediados de año a la Secretaría General de la Presidencia, plasmaba en notas de prensa el MOP, en marzo.
Hoy, las juntas de Vigilancia están en alerta. Es un tema profundamente ideológico, porque lo que quiere el Estado o el Gobierno es controlar el agua, y así lo han declarado de manera oficial las autoridades que están a cargo de implementar los consejos piloto, señala el abogado de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes, Patricio Urquieta. Y agrega: No les interesa si las cosas se están haciendo bien o mal.
En Medio Ambiente rebaten ese punto: Según los diagnósticos realizados por el Banco Mundial, Chile tiene una brecha en gestión integrada del agua y, al respecto, las recomendaciones de la OCDE y de Naciones Unidas señalan que esta brecha debe ser abordada con enfoque de cuenca, integrando elementos como la calidad y cantidad de las aguas, la gestión de aguas superficiales y subterráneas, las fuentes tradicionales de infraestructura y las alternativas y, por cierto, integrando a los distintos actores de la cuenca.
Al final del día, lo que temen los canalistas es que la distribución del agua quede reducida a determinaciones políticas, con la entidad técnica, la DGA, supeditada a ellas, afectando finalmente los derechos.
El presidente de la Junta de Vigilancia del Estero Puangue Segunda Sección, Francisco Villalón, lo resume así: Podrían decidir dejar fuera 20 litros para otros propósitos, y ahí van achicando la dotación. Esto es lo mismo que tener un plan piloto para aplicar impuestos. Y no hay ley. Cuando hay una mesa de tres patas, en un escenario de decisión democrática, desde luego la decisión no la van a tener aquellos que tienen la experiencia, sino los políticos de turno, añade Patricio Urquieta.
Lo que hoy más lamentan es que su rol ha sido llevado a cabo correctamente, sostienen. Llevan 14 años de sequía, con reducciones notorias en los cauces, y han continuado con la distribución. Solo los canalistas han invertido más de US$ 75.000 millones en obras para alimentar toda la red.
Según aseveran, el Ejecutivo les ha indicado que el objetivo iría más allá de la distribución; sin embargo, las juntas de Vigilancia aseguran que su tarea hoy cubre muchas labores, incluso han desarrollado embalses para generar electricidad. Somos repartidores de agua y cumplimos un rol que está legislado. En ese aspecto el gran causante de los conflictos es el Estado, afirma el presidente de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Aconcagua, Javier Crasemann.
Ejemplifica con que en Aconcagua se prometió un embalse, que no se construyó, pero sí se financiaron nuevas plantaciones, y se entregaron nuevos derechos que triplicaron la capacidad del río en cuanto a generar esa agua.
La instalación
El Ministerio del Medio Ambiente explica, por su parte, que cuando se hizo la propuesta de trabajo en gobernanza hídrica a los gobiernos regionales, estos manifestaron la voluntad de tener una propuesta de Consejos de Cuenca en cada región. Como resultado, cada Gobierno Regional propuso una cuenca para iniciar el piloto para levantar información.
Las noticias que ha ido comunicando el Ejecutivo a los regantes apuntan a que los Consejos de Cuenca se compondrán de una asamblea de entre 30 a 50 personas; de ellas, habría solo dos representantes de las juntas de Vigilancia. Entre estas organizaciones ven esta disparidad como una forma de disminuir su independencia y anular su rol. Es inevitable que cualquier persona que quiera tomar medidas en esos factores puede pasar a llevar la distribución. Necesariamente, vas a dejar en una posición incómoda a las organizaciones de usuarios, que están siendo subvalorados en su historia, representatividad y en su potencial, destaca el abogado de la Asociación de Canalistas del Laja, Santiago Acevedo.
En la página web de la DGA aparecen varias noticias en línea con avances del proceso de instalación de Consejos de Cuenca piloto. La última que se destaca es del 1 de agosto, y apunta al río Huasco. Casi al final consignan que por las juntas de Vigilancia del río se invitó, aunque no asistió.
Es que hoy, tales organismos dicen que no les es factible asistir. No solo la normativa les prohíbe firmar acuerdos en su calidad de Junta de Vigilancia, sino que, además, sienten que hacerse parte implica validarlos.
El expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y actual titular de la Federación de Juntas de Vigilancia de la VI Región, Patricio Crespo, es uno de los que han liderado la ofensiva. Nos quieren usar como caballos de Troya para llegar al Parlamento y tratar de imponerlo, aduciendo que nosotros lo estamos apoyando en la medida en que estamos participando. Y agrega: Nos hemos restado, porque justamente queremos que haya un debate previo.
Solo han participado, dicen, aquellas juntas donde el predominio está en manos de sanitarias, las cuales ,acotan los regantes, no corren riesgo, al ser reguladas y estar destinadas al consumo humano. Los más afectados son los agricultores, que usan un 80% del recurso a nivel nacional.
Pero restarse tiene un riesgo: La amenaza para el que se reste es que los recursos se van a canalizar a través de estos Consejos de Cuenca. Y también se habla de que en base a los consejos se desarrollará el contenido de las modificaciones legales. Y, por lo tanto, si no quiere participar no lo haga y se queda sin plata y sin derecho a voz y voto en la discusión de las normativas nuevas, enfatiza Javier Crasemann, del Río Aconcagua.
Los regantes estiman que Contraloría debiera demorarse unos tres meses mínimo en resolver, dado que tiene que requerir información a todos los órganos competentes. En paralelo, ya están activando una agenda intensa de reuniones con ministros y autoridades de gobierno. Es una mala idea que va a perjudicar a los usuarios de agua en todo Chile, insisten.
