(06 noviembre 2024) El expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la Región de O’Higgins, Patricio Crespo, lleva más de 50 años trabajando en torno al agua.
Reconoce que tiene un conocimiento profundo sobre la legislación y administración del recurso hídrico y su historia, y que eso lo llevó hace unos cinco años a conformar un chat a través de WhatsApp para debatir ideas en torno a la reforma del Código de Aguas y a la primera propuesta de reforma constitucional que fue rechazada en 2022, y que pretendía estatizar los derechos de aprovechamiento de las aguas.
«Me sentí muy solo y me di cuenta de que no podíamos permanecer en una desaprensión aparente, cuando se riega al menos desde Arica hasta el sur del río Cautín… Hice el chat, comencé a opinar de la contingencia y a solicitar información y de a poco empezaron a opinar, y se produjo una dinámica muy interesante», comenta sobre la motivación que tuvo para formar el chat en el que hoy participan los presidentes y gerentes de las juntas de vigilancia de casi todo el país.
La iniciativa resultó tan exitosa que hace un par de años organizaron un seminario en Talca y, luego, apareció la idea de organizarse de manera formal a nivel nacional para tener una mayor representatividad ante los poderes del Estado, algo inédito entre los usuarios del agua, que normalmente trabajan más aislados, a nivel de juntas de vigilancia o cuencas.
«Lo que nos pareció más lógico fue aprovechar que ya existe desde hace décadas la Confederación de Canalistas de Chile (CONCA) y sumarnos a ellos, y ahí comenzamos la negociación hace alrededor de un año», detalla Patricio Crespo.
Tras varias reuniones, definiciones de objetivos y estatutos, más el masivo interés de los regantes por apoyar la iniciativa, durante este mes esperan concretar la primera reunión de la que han denominado ‘CONCA 2.0’, a la que se integrarán los usuarios que riegan unas 550 mil hectáreas entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos, lo que le permitirá pasar a representar al 75% de las hectáreas de riego del país, totalizando unas 750 mil hectáreas.
«Pensamos que esta nueva CONCA tiene que preocuparse de los temas que son transversales, legislativos y normativos, que atañen al conjunto de los titulares de derechos de agua, y juntos velar por que la legislación ayude a fluir», plantea Patricio Crespo.
Nueva organización
Si bien por estos días los integrantes de la nueva organización están afinando los últimos detalles para sumarse formalmente a la CONCA, como definir su sistema de financiamiento –que sería a través del pago de cuotas proporcionales a la representación que tenga cada junta de vigilancia u organización– y algunos términos técnicos que se utilizarán en los estatutos, el grueso de su estructura ya está armada y lista para comenzar a funcionar.
Así, cada una de las 12 regiones que participarán tendrá a lo menos un representante en el Consejo de la confederación y, según las hectáreas que represente cada región, se sumarán uno, dos o hasta cuatro consejeros, llegando a un total de 30 integrantes.
«En la V Región, por ejemplo, que tiene dos sectores en pugna, cada uno tendrá un consejero y estarán representados. En la Región Metropolitana habrá cuatro consejeros, para lograr que estén representadas las organizaciones de usuarios más chicas. En la IV Región habrá dos consejeros, para que estén las cuencas de Elqui y Limarí, mientras que en la VI Región, donde tenemos 200 mil hectáreas regadas, habrá cuatro consejeros. En el caso del Maule contarán con cinco consejeros, Ñuble tendrá uno, al igual que La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y Biobío tendrá dos… Los más grandes sacrificamos representación para darles espacio a los más chicos», detalla Patricio Crespo.
En cuanto al nuevo directorio de la CONCA, asegura que su actual presidente, Fernando Peralta, se mantendrá en el cargo y se integrarán representantes por macrozonas del país, lo que se podrá ajustar más adelante, cuando concluya la marcha blanca de dos años que han fijado como plazo para evaluar su funcionamiento.
«Luego veremos cómo nos organizamos bien para que todos queden debidamente representados y elegiremos un nuevo Consejo, pero lo importante es que se va a fortalecer la CONCA porque va a tener más representación, más colaboración y más recursos», destaca.
En ese sentido, Francisco Villalón, presidente de la junta de vigilancia de la segunda sección del estero Puangue, en la Región Metropolitana, quien lidera una organización pequeña y participará en la CONCA, resalta que es muy positiva esta nueva unión a nivel nacional, porque les permitirá relevar temáticas de usuarios pequeños, que normalmente quedan fuera del debate con el poder legislativo y administrativo.
«Participando en una organización como esta podemos hacernos más visibles ante las autoridades, ante las normativas y los concursos para financiar obras, porque muchas normas están hechas para las organizaciones grandes y desconocen la carga administrativa y económica que se les pone a las chicas», plantea.
Además, valora que los representantes que lleguen a formar parte del Consejo y el directorio son usuarios del agua que han sido elegidos democráticamente en las organizaciones locales, como los canales y juntas de vigilancia.
«Todos los dirigentes que están en algún puesto de presidente han sido elegidos en elecciones populares, por lo que es un vehículo sumamente democrático y la nueva CONCA tiene que dar cuenta de ello. Sus consejeros tendrán que postularse y ser aceptados y votados por el resto», dice.
En cuanto al financiamiento, Patricio Crespo afirma que el 40% del presupuesto base de la nueva CONCA lo pagarán las organizaciones de usuarios de aguas por el solo hecho de pertenecer, y que el 60% restante se aportará en proporción a las hectáreas que representa cada junta de vigilancia.
Las reuniones, en tanto, se realizarían periódicamente en forma online para asegurar la participación de todas las regiones.
Voz única
Con el nuevo Código de Aguas vigente desde hace dos años y el rechazo de las dos propuestas de Constitución, los usuarios del agua hoy están enfocados en apoyar las iniciativas legales y administrativas que faciliten la gestión del agua y la generación de nuevas fuentes hídricas.
Sin embargo, los regantes aseguran que existen varias normativas y proyectos de ley que apuntan a dar más atribuciones a la Dirección General de Aguas (DGA) de las que establece el actual Código, que tenderían a restringir las funciones de las organizaciones de usuarios, más que a facilitar su labor, lo que atañe a todos los regantes del país.
«Nosotros no estamos dispuestos a que se nos siga limitando y poniendo trabas. Todo lo que sea contribuir a una mejor función está bien, pero no cuando el propósito es controlar e inhibir iniciativas, que es lo que ocurre», afirma Patricio Crespo.
El presidente de la junta de vigilancia de la primera sección del río Aconcagua, Javier Crasemann, coincide en que uno de los puntos más urgentes para la nueva CONCA es el ámbito legislativo, sobre todo los que entregarían más atribuciones a la DGA, y también insistir en la construcción de nuevos embalses.
«La nueva CONCA tiene que trabajar en crear un plan de infraestructura hídrica nacional, meterse en los temas de planificación y de nuevas fuentes de agua, como el uso de las aguas servidas recicladas, y en facilitar la inversión en grandes proyectos para que sean atractivos», plantea.
Para lograr una buena representatividad, otro de los objetivos de los regantes es lograr que se conformen federaciones de usuarios en cada región –conformadas por las juntas de vigilancia locales– como ya existen en las regiones de O’Higgins y Maule, que en conjunto representan en torno al 60% de la superficie regada por aguas superficiales en el país.
«Lo principal es representar a nuestros asociados ante los poderes del Estado con una sola voz, que no la hemos tenido nunca, y colaborar con las autoridades presentando nuestra opinión en temas como el aprovechamiento de las aguas, la sustentabilidad del recurso y el cuidado del medio ambiente… Nuestra propuesta es eminentemente técnica y tiene que convertirse en un nuevo eje para la discusión parlamentaria», asegura José Manuel Silva, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule.
A mediano plazo, una de las metas de la nueva CONCA es que estén representados –a través de la participación activa en sus respectivas juntas de vigilancia– todos los usuarios del agua y no solo los agricultores, lo que consideraría a las empresas hidroeléctricas, sanitarias y mineras, y a los usuarios de aguas subterráneas, una vez que se constituyan las nuevas comunidades de quienes utilizan ese recurso.
Fuente: El Mercurio – Revista del Campo
Escrito por: El Mercurio
